En nuestra primera entrega, la historia contada por un morador de Yutzupino fue una radiografía de la operación del crimen organizado que llegó al Napo sediento de oro. Frente al anuncio del Gobierno Nacional, que apunta al desarrollo minero como la “alternativa” para sacarnos de pobres y el decreto 151 con el que se reabre el catastro minero, presentamos este nuevo capítulo para confirmar que, al menos en Napo, la tapiñada minería legal funciona como un manto que camufla la minería ilegal.
Por Periodismo de Investigación, La Historia y Plan V
La sociedad napense ha gritado hasta el cansancio, como en un estadio vacío, pero literalmente nadie los escuchó. Por eso, le hemos seguido la pista de algunas autoridades de la provincia del Napo, a esas que prefirieron el silencio, que nunca hicieron lo suficiente para salvar la Amazonía o conspiraron contra ella.
Wilfrido Villagomez y Varela, una alianza dorada
En el buen romance del reparto en la Asamblea Nacional, al asambleísta Washington Varela le dieron el manejo de algunas instituciones en Napo (al menos la dependencia de Salud, Ambiente y el MTOP) y hasta llegó a nombrar gobernador de la provincia. Varela sentó en la silla de la Gobernación en Tena a Wilfrido Villagomez, dio su aval, pero el asambleísta lo ha negado en reiteradas ocasiones en medios de comunicación locales.
Pese a que el legislador se ha desmarcado de la designación del gobernador, hay ciertos detalles que los unen.
Villagomez ha sido arrendatario de la casa de la suegra de Washington Varela, Esperanza Yépez de Lascano. La línea telefónica de la esposa del gobernador, Patricia Galán Sánchez, aparece registrada en esta casa de color vino que curiosamente está en una calle llamada Yutzupino, en Tena.
El asambleísta Washington Varela, después de haber impedido que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea contribuya con la Comisión de Biodiversidad en la investigación sobre la minería ilegal en Napo, desmintió desesperadamente una noticia de Ecuavisa sobre que el número de máquinas decomisadas ya llegó a 100. El asambleísta rompió en indignación y tildó al medio de comunicación como “irresponsable”. Pero el ministerio de Gobierno ya confirmó que hasta el 23 de febrero del 2022 había 124 retroexcavadoras retenidas. ¿Qué lapsus se le cruzó a Varela?
De su lado, Wilfrido Villagómez, gobernador del Napo, ha sido acusado por colectivos ciudadanos de la provincia de tener maquinaria operando ilegalmente en Yutzupino, pero el gobernador lo ha negado hasta el cansancio. Pero no solo la sociedad civil tiene sus sospechas, el agente fiscal Diego Segovia, en una comunicación de diciembre del 2021, advierte al fiscal Alejandro Arias que “existe un fuerte rumor en la población local que esta actividad minera presumiblemente se estaría desarrollando bajo autorización de la referida autoridad” (el gobernador Wilfrido Villagomez). También lo confirmó la fuente de Yutzupino que relató las muertes durante la extracción de oro en el sector.
El gobernador ha dado hasta ruedas de prensa, como la del 20 de diciembre del 2021, donde anuncia acciones contundentes contra la minería. Junto a él estuvieron varios de los responsables del festín minero como Wilson Andi, entonces presidente de Yutzupino. El 9 de febrero del 2022, colectivos sociales solicitaron al fiscal provincial se investigue a Wilson Andi, pues él se habría convertido en el puente para el ingreso de la maquinaria.
Así como el fiscal del Napo, Alejandro Arias, montaba sus operativos tibios, el gobernador armaba su propio performance “para combatir la minería ilegal”, pero ocurría exactamente lo contrario. Previo a la intervención militar del 13 de febrero del 2022, en el operativo Manatí, no se registra ningún golpe contundente ni desalojo de mineros ilegales, ni incautación de maquinaria, ni señalamientos directos a los presuntos responsables. Cada expresión pública de la autoridad terminó siendo un montaje, se sostiene en Tena.
Como si fuera poco, fue el mismo gobernador, bastante suelto de lengua, el que anticipó de manera pública el 10 de febrero del 2022 en la radio Arco Iris del Tena, que se venía un gran operativo en contra de la minería ilegal en Napo (el propio operativo (Manatí).
Debido a esta fuga, varios mineros pusieron a buen recaudo la maquinaria. La Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, terminó defendiéndolo.
Todos los caminos conducen a los candidatos de la alianza AP- Antisuyo Ushito
El asambleísta Washington Varela tiene otros personajes cercanos que estarían vinculados al negocio de la minería ilegal en Napo. Más que compañeros son sus coidearios. Todos ellos confluyeron en las elecciones seccionales del 2019, cuando se concretó una coalición natural entre Alianza País (AP), Antisuyo Ushito (movimiento local de Varela) y Democracia Sí. Todos pasaron por las filas de Alianza País.
El actual asambleísta fue candidato a la prefectura de Napo y perdió. Sus compañeros de fórmula, como candidatos a la alcaldía de Tena y Arosemena Tola, fueron César Espíndola (El Oso) e Isaías Pasochoa, respectivamente.
César Espíndola, su hijo Esteban, y su hermano Patricio, ex gobernador del Napo puesto por Lenín Moreno, aparecen en un informe de inteligencia del 2021 que llegó a manos del asambleísta Fernando Villavicencio. Espíndola fue acusado por la empresa china Terraearth Resources de ser minero ilegal de la concesión Confluencia, ubicada en Yutzupino.
Isaías Pasochoa se casó con la minería china apadrinando
Era diciembre del 2017, el alcalde del cantón Arosemena Tola, Isaías Pasochoa, sellaba su alianza con Jimena Camacho con el Altísimo como testigo y con Peng Yongming, gerente de Terraearth Resources, como padrino. Compadres. Así fue el matrimonio de Isaías Pasochoa con la minería china, una unión que ha degradado más del 50% de los ríos del cantón, según un estudio de Ikiam.
Como buenos compadres, Isaías y Peng emprendieron sus negocios. Ya ni siquiera es secreto, por las calles de Arosemena Tola corre como leyenda urbana que la minera china puso al alcalde de Arosemana Tola. Concretamente, Isaías Pasochoa ganó esa alcaldía en 2019 de la mano de Alianza País y Ushito (Washington Varela). Pasochoa es un acérrimo seguidor del correísmo, militante desde el auge de la Revolución Ciudadana. Antes de ser alcalde y líder de AP en su cantón, Pasochoa ejerció el cargo de Comisario de Policía de Arosemena Tola por designación del entonces gobernador Patricio Espíndola.
Un informante de Arosemena Tola que solicitó guardar su anonimato señaló a John Pasochoa, hermano del alcalde, como su operador minero ilegal que trabaja en contubernio con la empresa china Terraearth, para explotar oro en sus concesiones Regina 1S y Vista Anzu, a sus anchas, destruyendo todo y sin licencias. “John Pasochoa tiene maquinaria en Yutzupino y opera junto a los chinos. Él facilita el combustible que obtiene en la gasolinera de Santa Clara y abastece a otros mineros ilegales del cantón”, reveló el informante. John estaría huido, después de haber intentado esconder maquinaria atrás de la casa de su hermano, durante el operativo Manatí, según la fuente.
Con la ayuda del alcalde Isaías Pasochoa y su hermano, los mineros ilegales y la empresa china Terraearth crearon sus propias fuerzas de choque en Arosemena Tola. Se trata de una guardia de cerca de 100 personas, plenamente organizada, que a través de chats comunitarios se activan en cuestión de minutos cada vez que la autoridad hace operativos en las concesiones Regina 1S y Vista Anzu y sus inmediaciones. Llegan en sus camionetas, algunos armados, sin placas y alevosos a retar a funcionarios del Ministerio del Ambiente y la ARCERNNR, quienes hacen operativos tibios en el sector. “Tibios” con todas las letras, pues no existen registros de haber parado la minería ilegal ni detenido la devastación causada por Terraearth en Arosemena Tola.
Terraearth miente cuando asegura en una respuesta de descargos al asambleísta Fernando Villavicencio “que acata las disposiciones de las autoridades de control”. Resulta que el 27 de octubre de 2020, el Ministerio de Ambiente del Ecuador ordenó la suspensión total de las actividades mineras de las concesiones Regina 1S y Vista Anzu por incumplir la normativa ambiental vigente, pero existen registros de que la empresa nunca dejó de explotar en Arosemena Tola.
La minera Terraearth fue sorprendida minando el 5 de septiembre del 2021, por el Consejo de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo, pese a existir prohibición expresa.
No importan las licencias, los permisos, menos las suspensiones todos son meros formalismos: la minería va porque va. El 26 de agosto del 2021, el Ministerio de Ambiente, ARCENNR, y el Ejército realizaron un operativo a un frente minero de Terraearth operado ilegalmente por el hermano del alcalde, John Pasochoa. John no tiene concesiones; en realidad no hace falta, si se trata de hacer el trabajo sucio por los chinos.
Según un estudio científico de la Universidad Ikiam y otro informe de marzo del 2021 emitido por el colectivo Geografía Crítica “no existe aplicación de mecanismos técnicos necesarios para el manejo de desechos y la prevención de la contaminación del agua y el suelo”, en las concesiones de Terraearth. Además estos informes apuntan a la minera china como la causante de la muerte del río Chumbiyacu y la modificación del cause de los ríos en el cantón. La respuesta de la empresa fue muy obvia: le echaron la culpa a la minería ilegal, es decir a sus pripios aliados sin rostro.
La Defensoría del Pueblo de Napo presentó el 10 de noviembre del 2020 una denuncia en contra de la empresa china Terraearth, por la devastación ambiental que ha causado en el sector del Progreso de Chumbiyacu, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola y por falta de cumplimiento del plan de manejo ambiental. No hay inspección ni operativo que valga, a los chinos no los saca nadie, mucho menos si el compadre de Peng es la cabeza del Cabildo.
Bonilla, otro alcalde minero
En Arosemena Tola, un minero ilegal debe disfrazarse de alcalde para lograr sus objetivos. En otros casos, el alcalde es minero de frente. Eso ocurrió con Telmo Andrés Bonilla Abril, alcalde de Archidona. La fuente de Yutzupino que citamos en la primera entrega aseguró que maquinaria del alcalde de Archidona o de sus testaferros, habría operado ilegalmente en la zona del desastre. Aquello lo confirmará la Fiscalía después de verificar la propiedad de la maquinaria.
Andrés Bonilla es dueño de una empresa que tiene tres concesiones mineras de oro aluvial en Napo: Humabuno 1, 2 y 3, en el sector de Ahuano. El 04 de diciembre de 2017, mediante Resolución Nro. 142-ENAMIEP-2017, ganó las concesiones para explotación de oro la empresa de Bonilla, Transconmi Construcciones Cía. Ltda.
El alcalde de Archidona, además de ser proveedor autorizado de las retroexcavadoras marca Doosan, fue gerente de Transconmi de 2010 a 2019, algunos de sus posibles testaferros le reemplazaron como administradores, pero él realmente nunca se fue. Bonilla Abril sigue operando en el Proyecto Huambuno, sin licencia ambiental, sobrepasando los límites del permiso para pequeña minería. En una inspección realizada por el Ministerio del Ambiente a la concesion del alcalde de Archidona, Huambuno 3 (código 403019), se detectó la presencia de mineros ilegales y la explotación de oro aluvial sin licencia ambiental.
En el registro de un operativo del Ministerio de Ambiente del 12 de junio del 2020, Andrés Bonilla Abril aparece como operador de las tres concesiones.
Sí, Bonilla ya era Alcalde y seguía haciendo minería ilegal de oro en su propia concesión legal.
La prefecta del Napo le entregó todo a la minería
Rita Tunay, después de haberse ganado la lotería al convertirse en prefecta del Napo el 30 de diciembre del 2017, también entró al festín minero. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció con fotografías del 22 y 23 de noviembre del 2021 que con una gabarra de la Prefectura del Napo se ayudaba a cruzar por el río Ahuano maquinaria pesada de operadores mineros ilegales. Esas retroexcavadoras arribarían en las concesiones del alcalde de Archidona: Huambuno 1,2 y 3.
La joven prefecta no solo puso recursos públicos al servicio de mineros ilegales, sino habría permitido la explotación ilegal de oro en las concesiones de áridos y pétreosretroescabadoras del propio GAD provincial del Napo, que curiosamente están en Yutzupino y colindan con la concesión de Terraearth, Confluencia.
La fuente de Yutzupino que contó cómo los mineros dejaron a su paso un cementerio, aseguró que en el sector se vio vehículos de la prefectura del Napo abasteciendo combustible a los mineros ilegales.
