De la selva a la China: La fiebre balsera que pagó 22 centavos de dólar por árbol

Por Daniela Aguilar de la Torre
Un especial para La Historia y Connectas*
5 de marzo de 2021

El impulso que está dando China a las energías limpias encierra una paradoja: los incentivos que otorgó para desestimular el uso del carbón suscitaron un interés desmedido por la balsa que ha arrasado con los árboles de la Amazonía. Mientras, los comuneros indígenas dueños de esos territorios siguen viviendo en la precariedad y se dicen robados por los intermediarios.

“La verdad, es una cosa loca ver a tanta gente llegar por la balsa. Tantas canoas, tantas personas. Todas insistiendo en comprar y ofreciendo plata”. El interlocutor es Tiyua Uyunkar, presidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), quien no encuentra más palabras para dimensionar la sacudida que ha sufrido su territorio durante el último año. “Al comienzo empezaron a comprar la pata (árbol) a un dólar. Ahorita puede llegar hasta cincuenta. Igual pagan. Algunas comunidades entregaron toda una isla gigante por un peke-peke (embarcación de motor pequeño). Es una pena”, dice consternado sobre los otrora parches verdes que se dibujaban en el trayecto del río Pastaza.

—¿De cuánto estamos hablando en una isla?

 

—“De unos 3.000, 4.000 árboles… a cambio de un motor sencillo de 900 dólares”.

La comunidad achuar de Copataza vista desde el aire. Foto: Lalo Calle/La Historia

El fenómeno que describe Uyunkar ocurre en Copataza, una comunidad indígena enclavada al borde del afluente de igual nombre que pocos metros más adelante desemboca en el majestuoso río Pastaza, en la provincia de Pastaza. Una cancha, unas cuantas casas de tabla y una pista de aterrizaje de avionetas, que hasta hace poco más de un año eran la única vía de transporte directo al sitio, destacan a primera vista. Pero a medida que uno se acerca a la orilla, aparecen pilas de tablones de balsa, camiones con placas de distintos lugares del país y estructuras improvisadas de caña y plástico que hacen de comedores para alimentar a cientos de madereros que por allí transitan. Todo sobre una explanada rellena de material pétreo, en lo que constituye uno de los puertos fluviales más concurridos de la Amazonía ecuatoriana.

En diciembre de 2019, tras terminar de construir una carretera de 55 kilómetros que conecta a Copataza con la capital provincial, Puyo, y desde allí con todo el país, el lugar se convirtió en un punto clave para la explotación y comercialización irregular de madera de balsa. Por un lado, por la facilidad de acceso vehicular, y, por el otro, por su ubicación estratégica a un paso del río Pastaza, desde donde se puede acceder de forma fluvial a la mayoría de las 89 comunidades selváticas que conforman el pueblo achuar, distribuidas en un territorio comunitario de 785.000 hectáreas donde viven alrededor de 9.000 personas. La nueva vía ha servido para acortar los viajes esporádicos de los achuar a Puyo en busca de provisiones. Pero principalmente, para facilitar el ingreso de intermediarios madereros que vienen recorriendo las aldeas ubicadas a ambos lados del río para convencer a sus pobladores de venderles toda la balsa que encuentran a su paso. “Desde el comienzo, llegaban mostrando fajos de billetes”, coinciden algunos comuneros entrevistados en la zona.

Se trata de una madera ligera, flexible y durable altamente demandada en la industria aeroespacial, automotriz y náutica. Y, más recientemente, en la energética, donde es empleada en la generación eólica, en particular en la fabricación de aspas que giran en gigantescos molinos de viento y que pueden medir hasta 120 metros de longitud si se ubican en instalaciones offshore, como se denomina a los complejos sobre el mar. Durante 2020 el interés por ella creció aceleradamente y despertó un boom en Ecuador, el principal país exportador de esta madera. Un boom aupado por China, cuyo gobierno ofreció beneficios fiscales a fábricas y manufacturas para que migren su modelo energético basado tradicionalmente en el carbón hacia las energías renovables.

La balsa desplazó al banano como el segundo producto ecuatoriano no petrolero más demandado en China y septuplicó su participación en las exportaciones totales a ese país, al pasar del 2 por ciento en 2019 al 14 por ciento en 2020, según Gustavo Cárdenas, vocero de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China.

Lo paradójico es que esta política merecedora de reconocimiento está causando estragos en el ecosistema amazónico del que hacen parte los codiciados árboles de balsa, que crecen de forma natural en los márgenes del río Pastaza y sus afluentes. También en las islas que se han formado en medio de su cauce. A diferencia de las plantaciones forestales, donde un árbol tarda apenas tres años y ocho meses para llegar a las condiciones para ser talado, es decir, 22 metros de altura y 32 centímetros de diámetro, los que se encuentran en el Amazonas alcanzan el doble de tamaño y grosor, y viven durante muchos años convirtiéndose en hábitat de varias especies de aves. Estos últimos, se volvieron el objetivo de los madereros por su altísima cotización en el mercado. “Si al comienzo los exportadores les pagaban a los intermediarios 15 dólares por un árbol de balsa de la Amazonía, luego, por su tamaño, llegaron a pagarles hasta 150 dólares”, asegura Ramón del Pino, gerente general de Plantabal, la mayor productora y exportadora de esta madera en Ecuador. Mientras, los precios que dan esos intermediarios a los indígenas en sus comunidades son caóticos y hasta irrisorios: desde un dólar por árbol cuando comenzó la fiebre maderera hasta 50 dólares ahora que escasean y que los pueblos originarios han aprendido a negociar. Incluso hubo momentos en los que se vendían por lotes (el total de árboles de una isla) y cada uno salía a 22 centavos de dólar.



En un recorrido aéreo por el río Pastaza que cruza sobre territorio Achuar, llaman la atención innumerables parches causados por la tala selectiva en medio de la selva. Foto: Lalo Calle/La Historia

La sobredemanda de balsa desde China multiplicó exportadores y exportaciones en Ecuador. Las cifras hablan solas. En 2018, 22 empresas y personas naturales exportaron 254.000 metros cúbicos de dicha madera; dos años después los exportadores eran 94 y los metros cúbicos exportados, 574.000. Al menos el 70 % para el gigante asiático. Esto podría ser una buena noticia para el país como lo dijo en septiembre de 2020 el presidente Lenín Moreno, cuando destacó en una cadena nacional el mantenimiento de las exportaciones no petroleras en medio de la pandemia y resaltó el repunte de balsa. Si no fuera porque ese aumento inusitado coincide con la entrada de madereros furtivos que despojan a los indígenas de una riqueza forestal hasta entonces inadvertida, lo que ha dado pie a un negocio irregular, sin los planes y permisos de aprovechamiento del Ministerio de Ambiente, mandatorios para la extracción en bosques tropicales.

 

Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama, resume la paradoja: “Por un lado hay compromisos internacionales frente a la Cumbre del Clima, donde todas las naciones han puesto metas para reducir las emisiones y hacer una transición a las energías limpias, y claro China está avanzando en sus metas con sistemas eólicos. Pero a cambio de qué, de que los bosques tropicales más biodiversos del planeta, que son cruciales también para la estabilidad del clima, están perdiendo estas grandes hectáreas, que es lo opuesto a lo que se está buscando”.

Exportaciones récord

Solo entre enero y noviembre de 2020, Ecuador exportó 455 millones de dólares en balsa, más del doble que los 219 millones de dólares registrados en 2019. En volumen, durante esos 11 meses del año anterior exportó 540.967 metros cúbicos, de los cuales 360.376 se destinaron al gigante asiático.

“Dos años atrás se exportaban 300 contenedores de balsa mensuales, pero solo en agosto pasado fueron 996 (60.000 metros cúbicos)”, destaca Ramón del Pino, gerente de Plantabal, la mayor productora y exportadora de balsa en el país. Según él, el número de empresas exportadoras y personas naturales se triplicó en un año. De las 17 compañías de accionistas chinos que exportaron balsa en 2020, 10 fueron constituidas en los últimos meses.

El gerente de Plantabal considera que no toda la madera de balsa que se ha enviado a China se ha empleado en la industria eólica. Que mucha se ha comprado para guardar y especular. Además, calcula que parte de la que ha salido de puertos ecuatorianos es foránea. “El precio ha estado tan arriba que ha valido la pena ir a buscarla a otro lado. Al menos el 25 por ciento de las exportaciones son de balsa que viene de Colombia y Perú, y tiendo a pensar que es ilegal”

El auge balsero está lejos de mejorar la vida de los 9.000 individuos que componen el pueblo achuar, muchos de ellos menores que padecen desnutrición. Un claro ejemplo es la comunidad de Shuin Mamus, ubicada en la provincia de Morona Santiago y subsede de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE). Allí no hay alimentos nutritivos para los niños ni agua para lavarse las manos ni mucho menos una letrina, pero la cerveza llega en avioneta a razón de doscientos dólares el vuelo en el que entran treinta jabas (cajones plásticos donde se transportan las botellas). “La población va creciendo, ya no existe la misma cacería, están llegando las carreteras, hay mucha tala de bosque, los animales se van y no tienen suficiente comida para variar”, explica Narcisa Mashienta, líder del proyecto Ikiama Nukuri, impulsado por la Fundación Pachamama para capacitar a promotoras de salud materna. “Es difícil traer cosas sustanciosas aquí como el fréjol que antes se daba bien y ahora no, o la papaya. Los suelos han cambiado y no se invierte en mejorar la producción”, dice apenada.

Moradores de la comunidad de Shuin Mamus descargan una avioneta que llegó desde la ciudad de Puyo llena de cerveza. Foto: Lalo Calle/La Historia


La nueva bonanza balsera se da no solo en bosques amazónicos del pueblo achuar, sino también en jurisdicciones de las nacionalidades indígenas kichwa, waorani, shuar y zápara. Además de la explotación sin freno de la madera, trastoca la vida de las comunidades. “Los balseros que entran sin permiso a nuestro territorio son una amenaza grande para nuestra cultura, nuestro saber y el conocimiento de nuestros abuelos”, denunciaba hace algunas semanas, en una transmisión entrecortada desde la selva, la presidenta de la Nación Zápara del Ecuador, Nema Grefa. El ingreso de extraños trae vicios como el alcoholismo y ocasiona disputas por la posesión de los recursos dentro de zonas consideradas comunitarias. Sin contar que su entrada indiscriminada, en medio de la pandemia y sin ninguna precaución, es señalada como el vehículo que llevó la COVID-19 a la selva. 

 

Este reportaje narra el impacto del fenómeno de la balsa en el pueblo achuar a partir de la reportería realizada por un equipo de La Historia y Connectas que llegó a Copataza y Shuin Mamus en territorio Achuar. Allí, se recogieron testimonios de pobladores de varias comunidades como Numbaimi, Charapacocha, Sharamentza e Ishpingo, que se habían convocado en una asamblea anual.

Todo pasa por Copataza

Desde el puerto de Copataza se extendió la fiebre maderera por las comunidades achuar y en octubre pasado llegó hasta la más lejana de la cuenca hidrográfica del Pastaza: Ishpingo, ubicada al sureste, 120 kilómetros río abajo y próxima a la línea fronteriza con Perú. Por Copataza salieron los 182.500 árboles de balsa que según el cálculo de la NAE fueron talados hasta octubre de 2020 en su territorio. Todos cortados por cuadrillas que, aunque en menor medida debido al agotamiento del producto, siguen llegando a sitios previamente negociados para montar aserraderos móviles. Porque la madera se saca de la selva en tablones, en canoas y finalmente en camiones.

“A un motorista que tenga una canoa en este puerto, por una ruta de menos de doce kilómetros en el río le pagan doscientos cincuenta dólares entre Copataza y la comunidad (de la que están sacando la balsa), sin canoa son sesenta dólares”, indica Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama, sobre los precios vigentes entre septiembre y octubre pasado, cuando visitó la zona en pleno auge de la explotación. “De lo que he escuchado, un camión en el que entran unas cien balsas sale por 4.000 dólares, pero se vende en 23.000 dólares en Quevedo o Guayaquil”, añade Páez, quien trabaja desde hace veinte años apoyando a pueblos indígenas amazónicos con proyectos de conservación, sostenibilidad y atención prioritaria Si las cifras son reales, significa que los 40 dólares que se pagan por cada árbol en la zona donde se tala se convierten en 230 dólares cuando llega al exportador. En este caso le dejaría una ganancia de 190 dólares al intermediario.

En contraste, los jornaleros ganan veinte dólares diarios y tardan cuatro días para sacar la primera “mula” (jerga para referirse a un camión al tope de madera). “Se forman grupos de diez para entrar a la selva, entre el motosierrista, el ayudante, el cortador, el aserrinero (el que recoge el aserrín) y los cargadores”, relata Levi Marcial, de 32 años, un forastero que se muestra preocupado porque su jefe no lo ha llamado y dice que teme quedarse sin trabajo. “Es que el ritmo ha bajado”, comenta por su parte Stalin Yumbo, de 23 años, oriundo de Copataza, mientras carga un camión que va para Quevedo.

Esa abultada diferencia de precios se queda en los bolsillos de un desconocido grupo de comerciantes del que solo se oyen algunos nombres en voz baja. Un grupo que encontró en los pueblos indígenas y en la debilidad institucional el blanco perfecto para desarrollar su negocio. Los amazónicos estaban alicaídos por el abandono estatal de siempre, que se acrecentó durante la pandemia.

Jorge Rivas, director de Conservación de Paisajes de la WWF-Ecuador y experto en bosques tropicales, explica que la facilidad para eludir los controles y sacar la madera de la selva obedece a la escasa coordinación entre la autoridad ambiental, tributaria y comercial, que impide distinguir si toda la cadena, desde la producción hasta la exportación, es legal y no solo la última parte. “Hay todo un sistema de ilegalidad, incluso falsificaciones de documentos y ventas de guías de movilización”, sostiene en referencia al permiso emitido por el Ministerio de Ambiente, obligatorio para movilizar productos forestales en territorio nacional. Con él coincide el gerente de Plantabal, Ramón del Pino, quien desconfía de todo vendedor que ofrece balsa presentando ese único respaldo. “Es súper fácil conseguirse más que la licencia de aprovechamiento, la guía de transporte. Entonces, si alguien viene con una guía que dice que tiene permiso para movilizar madera, la verdad, no le creo nada”.

De acuerdo con Rivas, son varios los factores que contribuyen a la ineficacia de las guías de movilización como filtro del transporte y comercio ilegal de madera. Uno de ellos es la inexistencia de un sistema efectivo de trazabilidad y el debilitamiento del Ministerio de Ambiente por los continuos recortes de presupuesto y personal, que se agudizaron en pandemia y han derivado en un débil monitoreo de campo. “Alguien que transporta madera puede poner en la guía que viene de una plantación de balsa en Puyo y en verdad la están trayendo de un territorio indígena en Orellana. No hay forma de que un policía en la vía que va hacia la Costa lo sepa. Es por eso que los traficantes de madera se aprovecharon de las circunstancias”. 

“Retener madera en las vías, por sí solo, no hace posible identificar el origen y procesar a los involucrados”, sostiene el director de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional, William Reyes. Pese a que Ecuador privilegia el cuidado de la naturaleza en su Constitución y tiene una legislación penal acorde, la única forma de enjuiciar a un traficante de madera es encontrarlo en delito flagrante talando dentro de las áreas naturales protegidas, asegura Reyes, quien dirige a 234 efectivos a nivel nacional.

Hasta ahora no ha habido ninguna detención por la tala indiscriminada de balsa que, según denuncia un guardaparque, se ha extendido a zonas de extrema fragilidad como el Parque Nacional Yasuní. El Ministerio de Ambiente no ha impulsado ninguna acción penal por esa causa y todas las retenciones de madera ilegal hechas por policías de la UPMA en conjunto con funcionarios ambientales han quedado en meros trámites. “Durante el periodo de marzo y agosto del presente año (se refiere al 2020), se han iniciado 241 procesos administrativos a nivel nacional por haber identificado un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la autorización administrativa y por no contar con los permisos correspondientes (para transportar madera), indicó el Ministerio en una respuesta enviada para este reportaje y suscrita por la subsecretaría de Patrimonio Natural, Nadya Rodríguez.

A esta inoperancia se suma un hecho preocupante que pone de manifiesto William Reyes: “Los vehículos (retenidos) se quedan bajo la custodia del MAE. Allí lo que el infractor tiene que hacer es pagar una multa para descargar el producto forestal y retirar su vehículo. O puede darse el caso de que el mismo propietario compre la madera retenida porque esta entra a un remate y en ese caso, saldría con la guía respectiva”.

Shuin Mamus: necesidades vs. beneficios

El alto consumo de alcohol en Shuin Mamus no es un caso aislado, sino la tónica que ha traído el auge balsero a las comunidades de la cuenca del río Pastaza. “Esta gente no tenía circulante; entonces, uno traía una cerveza y no había quien comprara. Ahora este joven que tiene esa cantina trae y la gente entra a tomar”. Lo dice Domingo Bottasso, sacerdote salesiano que llegó de misionero a territorio achuar hace 37 años y trabaja en el colegio de Wasakentsa donde se educan 100 menores achuar, 80 de ellos internos.

El joven al que se refiere Bottasso es Alfredo Shimpiu, de 25 años, dueño del bar más concurrido de Shuin Mamus donde se consigue cerveza por tres y cuatro dólares, el doble de lo que cuesta en la ciudad. Antes tenía un pequeño negocio de golosinas y víveres, pero se enfocó en la cerveza por ser el producto más demandado por sus vecinos y balseros que llegan a trabajar. No le ha ido nada mal y ya está construyendo su propia casa en la parcela familiar. Shimpiu no cree estar contribuyendo a incrementar los conflictos por el consumo de alcohol y asegura que “aquí los menores de edad no entran”.

A los que no les ha traído mejoría el apogeo balsero es a los niños achuar. “Cómo puede ser que perciban un dinero y que no se preocupen por sus niños, por las embarazadas. Hay un quemeimportismo”, dice preocupada la médica rural Amelia Caldera, quien encabezó una brigada que visitó Shuin Mamus los primeros días de noviembre y que coincidió con la última Asamblea Anual Achuar que convocó a los síndicos de las 89 comunidades repartidas en las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Provincias divididas por el río Pastaza.

“Alguno curó a su señora, otro llevó algún suplemento a los niños que tienen en el colegio o les compró un par de zapatos. No tengo conocimiento de que hayan hecho cosas comunitarias (para mejorar su calidad de vida)”, comenta Bottasso sobre el destino del dinero que llegó de la balsa. Por su parte, la doctora Caldera explica que la mayoría de niños de la zona padecen de una desnutrición proteicocalórica denominada kwashiorkor. “Tienen el pelito bien frágil y si uno lo toca, se les sale. También tienen el estómago abombado y su estatura es notoriamente inferior si se los pone junto a otros niños de la misma edad”.

Amebiasis intestinal, cefalea, bronquitis, neumonía, lumbago, gastritis, hongos e infecciones en las vías urinarias son otras de las patologías recurrentes de las comunidades achuar y shuar que visita. En parte, por la dureza del trabajo en las chacras, donde pasan largas horas bajo el sol sembrando yuca, plátano y papa china, su principal fuente de alimentos. También por la falta de agua tratada y el nulo manejo de las deposiciones, que pueden generar problema de insalubridad cuando más de un centenar de personas se juntan y tienen que hacer sus necesidades en el monte. “¿Cómo es posible que no tengan ni un solo pozo séptico? Comer una gallina, con todo lo que hay, es peligroso. He visto pobreza, pero no como aquí”, señala Caldera.

No todos perciben así la situación. Algunas mujeres achuar que llegaron a Shuin Mamus a propósito de la Asamblea destacan ciertas mejoras que la madera ha traído a sus vidas y las de sus familias. Por ejemplo, Bety Wampash, de la comunidad de Charapacocha, dice que eran dueños de una isla de balsa y que “al comienzo vendimos a cinco dólares cada pata (árbol) y al final a veinte dólares”. Con eso, su esposo, que “tiene otra familia y casa aparte”, compró una canoa de fibra con motor, sus hijos mayores se hicieron su propia casa de madera y zinc, y ella compró material para construir un dormitorio adicional para la suya.

Bety cuenta las mejoras que ha traído para su familia la explotación de balsa en su comunidad. Como la posibilidad de que su hija (ubicada detrás), compre material para tener casa propia. Foto: Lalo Calle/La Historia

A la familia de Florentina Mashian, de la comunidad de Mashiant, no le fue tan bien, pero algo sacó. “Vendimos veinte patas a treinta y cinco dólares cada una. Algunos sí vendieron quinientos, mil árboles”, comenta. Con eso compró algunos pollitos y maíz, con la idea de criarlos para la venta y así tener más recursos para darles de comer a sus hijos. Porque hay días en que los alimentos escasean y solo comen yuca y plátano. “Nosotros los achuar a veces no nos preocupamos de los hijos, pasan sin almuerzo, sin merienda. Eso sí nos falta mucho”, reconoce Florentina, quien parió prácticamente sola a su último vástago y pasa gran parte del día trabajando en su chacra. Comenta que a su hijo más pequeño le encanta la sandía y que muy de vez en cuando compra una por cuatro dólares en la ciudad de Puyo. Cabizbaja, agrega que la variedad de alimentos escasea, sobre todo las frutas que tanto demandan los niños, y que no cuentan con ningún apoyo para cambiar esa realidad. “No sé cómo podríamos sembrar”, susurra la mujer que, como muchas de su etnia, vive subordinada a su marido.

Sharamentza: la resistencia

“La explotación de la balsa causa un impacto fuertísimo que nos viene aplastando”, asegura Ramón Tentetz, líder de la comunidad de Sharamentza. El joven de 30 años y padre de cuatro niños explica que, de las 37 comunidades achuar de la provincia de Pastaza, 36 han sucumbido ante los balseros. La suya es la excepción. “Ha habido mucha contaminación y los pescados del río Pastaza ya no vienen sanos como antes —se queja—. Los madereros botan aserrines y aceite quemado en la orilla, además hacen mucha bulla con la navegación de motores fuera de borda”.

Isla de balsa ubicada frente a la comunidad achuar de Sharamentza que es asediada por balseros. Esta es la única de las 37 comunidades achuar del Pastaza que no ha querido vender los árboles, según ramón Tentetz. Foto: comunidad de Sharamentza

Tentetz describe a su comunidad como un tesoro que quiere conservar, como le inculcaron sus ancestros y como él lo infunde a sus hijos. Sostiene que se ha cansado de rechazar las ofertas de comerciantes de balsa, que envían emisarios a ofrecerle dinero para arrasar con la isla ubicada frente a su comunidad y que tienen en la mira desde hace meses. “Soy el único que ha dicho no a la balsa, he socializado con mi gente y me han apoyado”. Es que los pobladores de Sharamentza tienen sus esperanzas puestas en un centro de turismo comunitario y la exuberante isla es uno de sus principales atractivos. 

Pero tal parece que solo la isla de Sharamentza ha corrido con buena suerte. Las otras, que se vislumbraban frondosas a lo largo del río Pastaza, ahora parecen cúmulos de sedimento. “Se acabaron. Antes cuando uno sobrevolaba el río en avioneta se veían montones de islas, pero se ha llevado toda la madera y ya no queda nada”. Lo dice Jaime Vargas, integrante del pueblo achuar y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). “No eran simples islas donde estaban las balsas, sino que allí se encontraban animales como dantas, venados y tortugas. También había lagunas chiquitas y plantas medicinales”, comenta Vargas y añade que hace falta investigar la afectación a la fauna.

“Es una pérdida de hábitat para especies, sobre todo de aves, como loros y guacamayos”, sostiene Jorge Rivas, director de Conservación de Paisajes de la WWF-Ecuador. Esto porque los árboles de balsa son su espacio de anidación. “La balsa es una especie de rápido crecimiento y bosque secundario, sobre todo en la jungla y en los márgenes de los ríos. Pero esto no quiere decir que no sea importante para el ecosistema —indica Rivas—. Al crecer en islas cerca de los ríos amazónicos, la balsa juega el rol del manglar en la costa, ayuda a detener el avance del agua. Protege de inundaciones a comunidades amazónicas que generalmente se ubican junto a los ríos”. 

El efecto negativo se extiende a la degradación del bosque amazónico provocado por este tipo de tala selectiva, advierte la directora ejecutiva de Fundación Ecociencia, Carmen Josse. Según ella, del total de biomasa forestal que ha perdido el Ecuador en un periodo de 14 años (2003-2016), el 78 % se debe a la degradación y el 22 % restante a la deforestación. Así lo determinó un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) de la que hace parte.

Numbaimi: ‘Nos han estafado’

Varios factores confluyeron para que la comunidad de Numbaimi abriera sus puertas de par en par a madereros que llegaron en medio de la pandemia a ofrecer 17 dólares por árbol de balsa. Sus escasas fuentes de ingresos, como la producción de maní orgánico que ocupaba a un grupo de mujeres apoyadas por sus esposos en la comercialización, se frenaron en seco por el temor a una enfermedad desconocida que igualmente los golpeó. “Mi tío murió luego de estar 15 días confinado. Era gordo, fuerte, pero la enfermedad lo consumió. Llegó un auxiliar de enfermería a tomarle los signos vitales y le puso un suero, nada más. Le faltó medicinas y oxígeno que no hubo”, asegura Pedro Etzama, dirigente de la localidad.

Etzama habla de conflictos entre vecinos, que peleaban por la propiedad de una isla de balsa que colinda con la comunidad, y de intermediarios mestizos e indígenas, tanto achuar como kichwas, que llegaron a nombre de “los ingenieros”. Así se conoce a los hermanos Richard y Franklin Tapia, identificados como unos de los mayores compradores de balsa de la zona por al menos una decena de nativos provenientes de los asentamientos de la cuenca del río Pastaza. Personajes a los que se intentó ubicar sin éxito en el desarrollo de este reportaje.

En el caso de Numbaimi, la disputa se saldó con la apertura de una trocha y la distribución consensuada de los árboles. “Entonces se vendió con calma”, comenta Etzama. Él recibió dos mil dólares a cambio de 107 ‘patas’ o árboles, dinero que invirtió en un computador para sus hijos que asisten a la escuela en la ciudad, la compra de una batería para la radio de la comunidad, gasolina para la canoa a motor y alimentos. Habría deseado hacer mucho más, como destinar un fondo para la movilización aérea de su gente, que en su transitar por el monte sufre de mordeduras de serpientes, y por falta de sueros antiofídicos, se retuercen de dolor durante horas hasta que alguna avioneta llega en su auxilio. Por eso su enojo cuando se enteró del precio comercial de la balsa por boca de compañeros dirigentes que investigaron para entender el boyante negocio. “Hemos perdido totalmente, nos han robado”, concluye Etzama.

 Pero hay comuneros a los que les ha ido peor. Domingo Peas, coordinador de la iniciativa de conservación Cuencas Sagradas, asegura que hubo madereros que llegaron a estafar a los achuar, en comunidades como Mashiant y Copataza. “Traían un carro y les decían: ‘Este es tu carro, vamos a hacer un intercambio, yo te pago con esto’. Pero al final se llevaban todo y no pagaban. Incluso decían: ‘Ya te voy a pagar a la vuelta y nunca regresaban’».

“Se aprovechan de la necesidad y también se aprovechan de la inocencia de la gente”, sostiene Tiyua Uyunkar, presidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), quien tiene sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, habla de las carencias y falta de experiencia de su pueblo, que se dejó envolver por los intermediarios balseros. Por el otro, les reprocha el no haber escuchado al Consejo de Gobierno, que dispuso la suspensión de la explotación de balsa hasta comprender la dinámica del negocio.

“La misma gente les metía en su casa y les defendía (a los madereros). Decían: Es mi amigo, es mi padrino», comenta Uyunkar.

 

 

 Sería muy diferente si la gente nos hubiese escuchado y dado tiempo para conocer la realidad. Sería diferente porque los recursos que han salido de aquí superan los diez millones de dólares y eso hubiese servido a las comunidades”. Uyunkar apunta al Ministerio de Ambiente, al que tilda de “criminal” por su pasividad frente a la fiebre de la balsa. Asegura que poco después de asumir la presidencia de la NAE en septiembre de 2019 y tras los primeros signos del fenómeno, elevó un pedido a la autoridad ambiental para que frene el ingreso de balseros a sus asentamientos, y solo recibieron indiferencia. “La balsa no está en peligro de extinción, pero la gente está confundida y quiere talar árboles de la selva virgen para plantar balsa, entonces en un problema muy grande”, indica.

Cristian Riofrío, director de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA), tiene una visión distinta. Aunque no celebra la indiferencia estatal y es consciente de que los intermediarios han sacado ventaja de los indígenas, piensa que de haber existido estrictos controles del Ministerio de Ambiente no habrían obtenido ninguna ganancia, por poca que fuera.



Generadores a base de combustible y motores sencillos para canoas, son algunos de los equipos que han comprado los achuar con sus ganancias de la venta de balsa. Foto: Lalo Calle/La Historia

Mientras, organizaciones como la Fundación Pachamama y la WWF están trabajando junto a la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) en el diseño de un plan de manejo y aprovechamiento forestal para la balsa. Esto incluye un estudio satelital para verificar los sitios deforestados por la fiebre balsera, porque “se está talando bosque primario para sembrar balsa, lo que no es legal y es penado por la ley”, dice Belén Paéz, directora de Pachamama. Si bien los achuar nunca podrán recuperar todo lo perdido, esperan levantarse del bache y generar una actividad sostenible. “Estamos analizando cuáles son las condiciones del negocio internacional y qué podrían hacer comunidades en la Amazonía para educarse sobre este sistema”, añade.

Una idea que cautiva a comuneros como Pedro Etzama de la población de Numbaimi. “Hemos pensado y analizado que cada socio tiene que mejorar, por eso buscamos apoyo para firmar algún proyecto que nos entregue semillas de balsa y un acuerdo directo con el comprador para vender a precios altos. Queremos recuperar, esa es nuestra expectativa. Por los intermediarios hemos tenido una pérdida muy grande, pero ya está hecho”, indica entre resignado y esperanzado.

Las canoas siguen zarpando desde el puerto de Copataza en busca de los pocos árboles de balsa que aún quedan en pie en territorio achuar. Mientras que la mayoría de comunidades se despiertan ante su precaria situación y la oportunidad perdida de haberles dado un giro a sus vidas. Las cosas pueden mejorar, pero pasarán algunos años para que vuelva a crecer la balsa en sus territorios. Además, aún es incierto si volverá a existir una demanda exacerbada desde China como sucedió en 2020. De hecho, aunque en el mes de septiembre se alcanzó el récord histórico de 65.393 metros cúbicos de balsa exportada, la cantidad descendió casi a la mitad en diciembre: 33.593 metros cúbicos. Aún así, el árbol se sigue talando en la Amazonía y las nuevas víctimas de los madereros se vislumbran del otro lado de la línea fronteriza, en territorio wampi para ser exactos, por donde se esparce la fiebre balsera ante la protesta de este pueblo indígena peruano.

Precios pagados por intermediarios madereros en algunas comunidades achuar. Ilustración: Jhashua Razo

Plantaciones forestales, en la mira de los ilegales

No solo los bosques amazónicos han sido remecidos por el apogeo de la balsa. Cultivos agroforestales que se levantan de forma reglamentaria en provincias como Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas también se han convertido en objetivos de las mafias que se mueven en el mercado negro de la intermediación de madera. “Tenemos 160 distintas haciendas y nos roban todos los días”, se lamenta el gerente de Plantabal, Ramón del Pino, quien calcula que poseen 10.000 hectáreas de balsa de las 16.000 hectáreas sembradas en Ecuador.

—¿Se llevan los árboles?

—“Es que si piensan que un árbol de los nuestros está costando 50 dólares y los tenemos miles, se vuelven locos y creen que lo pueden hacer. Entonces entran armados, con metralletas, motosierras y camiones”. 

—¿Cuánto se llevan?

—“A nosotros nos roban entre 2.000 y 3.000 árboles por semana. 

Pino asegura que ni él ni ninguno de sus colaboradores van a llegar al extremo de disparar contra los ladrones en sus plantaciones de balsa y que los robos se reflejan en la pérdida de entre el 4 y el 5 por ciento de su producción. “Hemos recibido denuncias de empresarios que dicen que sus proveedores son interceptados al salir de sus plantaciones por gente cargada de mochilas llenas de dinero que les compra la producción”, dice por su parte Cristian Riofrío, director de la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera. Asegura que eso perjudica a la industria formal, que no obtiene suficiente madera para procesarla y añadirle valor antes de la exportación. Que eso se traduce en menos fuentes de trabajo y menos recursos que se queden en el país. Además, lamenta que algunos exportadores nuevos envíen al exterior balsa sin siquiera someterla al secado, lo que lesiona la reputación del país porque llega podrida. 

*Este es un especial de La Historia junto a la Plataforma para el Periodismo Latinoamericano, Connectas.

Investigación y redacción: Daniela Aguilar (La Historia)
Edición: Ana Lucía Duque Salazar (Connectas)
Fotos: Lalo Calle (La Historia)
Diseño: Jhasua Razo (Connectas)