El 7 de abril pasado cayó martes. Fue un día particularmente gris en Guayaquil, una ciudad que en su normalidad desde tempranas horas hierve ya sea por el clima, o ya sea por el ritmo trepidante de sus habitantes que no cesa. Pero ese día el ritmo se había puesto en modo neutro porque lo fundamental en ese momento no era ganarse unos cuantos dólares en las calles. El objetivo vital en esas horas era sobrevivir.

Y muchos no lo consiguieron. Miles, en realidad, fueron vencidos por la pandemia del Coronavirus que atacó sin contemplación y sin piedad Guayaquil en las dos últimas semanas del mes de marzo y las primeras de abril. Cuatro semanas en las que murieron más de 10.000 personas solo en esta ciudad. Ese 7 de abril, una mujer de aproximadamente 50 años, maldecía su realidad en las afueras del hospital de Los Ceibos. Su esposo tenía apenas minutos de haber muerto. Y se fue, básicamente, porque no tuvo un tanque de oxígeno a su disposición en esos minutos esenciales en los que una ayuda básica marca la diferencia entre la vida y la muerte.

«Dicen que tienen todo, pero es mentira, aquí no hay nada», seguía gritando la mujer llena de dolor y rabia.

No es exageración decir que por esos días el oxígeno valía oro. Por la alta demanda y la especulación de gente sin escrúpulos, un tanque de oxígeno se vendía hasta en mil dólares. Y había gente que lo pagaba, porque tenía esa posibilidad y sabía que con un poco de oxígeno la suerte de su familiar podría ser diferente. Otros no tuvieron esa opción y simplemente fueron parte de las estadísticas de los caídos.

No es exageración decir que en el mes de abril, un tanque de oxígeno en Guayaquil valía oro. Foto de diario El Universo

Pero al mismo tiempo, las compras públicas del Ecuador tenían una vorágine nunca antes vista, al igual que la emergencia que se vivía. No era para menos. Los recursos salieron de un Estado que no estuvo preparado pero que consiguió dotar con casi USD 800 millones -según el presidente Lenin Moreno- para enfrentar de manera global la crisis. De esa cifra, alrededor de USD 200 millones se usaron para compras de insumos médicos. Y aproximadamente la mitad -USD 100 millones- fue utilizado por los gobiernos locales -alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales- que emprendieron una vertiginosa carrera para proveerse especialmente de alimentos, mascarillas, pruebas rápidas y el tantas veces criticado por su efectividad, amonio cuaternario. Las compras para la emergencia hechas por los gobiernos locales no fueron coordinadas con el Ministerio de Salud, por lo que muchos de los esfuerzos y gastos que se hicieron pudieron no tener el resultado que se esperaba. Pero esa situación complicada no fue lo peor que ocurrió.

Vale la pena decir que poco antes que estalle la pandemia, gobiernos locales a lo largo y ancho del país gastaron a manos llenas a propósito de las fiestas de carnaval. En total unos USD 15 millones. Da la casualidad que algunos municipios destinaron a las fiestas muchos más recursos que a paliar la emergencia sanitaria en sus localidades. Es el caso del Municipio de Portoviejo (Manabí) que se gastó USD 1.2 millones en shows artísticos y actividades de entretenimiento, mientras que en compras de emergencia por la pandemia destinó USD 410 mil entre equipos de bioseguridad y kits de alimentos para los habitantes más pobres. Esto, según una actualización del portal de datos abiertos de la contratación de emergencia realizada a inicios de octubre. Otro es el caso del Municipio de Paute, en Azuay, que se gastó en fiestas y carnavales USD 477 mil mientras que para afrontar al mortal virus destinó USD 140 mil, entre la construcción de bóvedas, equipos de protección y comestibles para los más vulnerables. Es que parece que algunos gobiernos locales se gastaron gran parte de su presupuesto en las festividades y dejaron muy poco para una contingencia. Ese podría ser el caso del Municipio de El Chaco, en la provincia Amazónica de Napo. Aunque sus habitantes no superan los 10.000, se gastaron USD 390 mil en los carnavales y USD 101 mil para enfrentar a la pandemia.

Lo peor fue que a la pandemia del Coronavirus se le sumó la endémica pandemia de la corrupción que sufre Ecuador. Y la emergencia desatada solo se convirtió en una oportunidad más para demostrarlo.

Una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria fue creada por la Fiscal Diana Salazar ante la ola de casos de corrupción que se dieron en Ecuador.

Las primeras alertas se dieron desde el mes de abril. Algo estaba ocurriendo con las compras del Ministerio de Salud para los hospitales, así como en el IESS para los suyos. Pero también en los Gobiernos locales se estaban dando novedades. Las noticias comenzaron a salir respecto a investigaciones que se abrían en los GADS de Guayas, Pichincha, Azuay, Santa Elena, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Bolívar, Carchi, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Loja, Manabí y Los Ríos. En 16 de las 24 provincias del país saltaron a la luz las irregularidades cometidas en los procesos de contratación.

A la Fiscal General Diana Salazar le faltaron manos. Por eso constituyó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, y resaltó su objetivo: «Investigar, de forma coordinada, los delitos contra la eficiente administración pública suscitados durante este periodo”.

Diana Salazar apuntó que, a pesar de los problemas desencadenados por la emergencia sanitaria y el estado de excepción, Fiscalía –a través de la Fuerza de Tarea– abrió 120 procesos por delitos derivados de la corrupción, principalmente por la adquisición de insumos médicos. De estos, 109 se encuentran en investigación previa y 11 avanzaron a instrucción fiscal; 380 personas son investigadas, 85 procesadas y 55 detenidas.

Un problema en el camino de sancionar a los responsables, está en los responsables del juzgamiento. Por eso la fiscal Salazar recordó la necesidad de unificar criterios en torno a la imposición de medidas cautelares por parte de los jueces: “constatamos que en los delitos de cuello blanco, la aplicación de la prisión preventiva se da solo en un 20% de los casos, mientras que para los delitos comunes en un 49%. Esto tiene directa relación con el alto porcentaje de fuga y, con ello, de impunidad”.

El resultado conseguido por la Fiscalía, hasta ahora, en cuanto a los gobiernos locales, va por medio camino. En la Prefectura del Guayas, por ejemplo, la muerte del Prefecto Carlos Morales lo sacó de la investigación principal que se llevaba adelante por la compra con sobreprecio de mascarillas y pruebas rápidas para Covid-19, mientras que sus familiares involucrados con empresas vinculadas, permanecían fugados. A la viuda de Morales, Sandra Arcos, un juez recientemente le levantó la orden de prisión.

En el municipio de Quito. la investigación fiscal por la compra de 100.000 pruebas PCR para Covid-19 determinó que existieron irregularidades y sobreprecios. La Fiscalía pidió fecha para formular cargos por peculado en contra del ex Secretario de Salud de la alcaldía, Lenin Mantilla, pero libró de toda responsabilidad al alcalde Jorge Yunda.

Lenin Mantilla, mano derecha del Alcalde Yunda en Salud, en su momento, ahora será acusado por la Fiscalía de peculado en la compra de pruebas para Covid. El alcalde salió bien librado.

No hay muchas más noticias respecto a los avances en los casos de corrupción encontrados en los gobiernos locales. En septiembre se supo que el alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, fue llamado a juicio acusado por la Fiscalía del delito de tráfico de influencias en los procesos de compra de insumos médicos. Autoridades de otros gobiernos locales, también mencionados en las investigaciones, no han sido procesados.